Natalia Cruces
El terremoto que azotó a nuestro país el 27 de febrero de 2010, mostró el podrido régimen político de la democracia para ricos: oficinas de la ONEMI sin funcionarios por falta de presupuesto, teléfonos digitales sin uso, falta de coordinación. A la catástrofe natural siguió la catástrofe social, miles de personas sin hogar, hacinadas en campamentos y viviendas sociales de pésima calidad y sin trabajo. Empresarios lucrando con la reconstrucción, llenando sus bolsillos a costa del pueblo trabajador. Hasta hoy, poco y nada se ha avanzando en la reconstrucción.
Actualmente se está realizando el juicio a los funcionarios de la ONEMI, responsables durante el 27 de febrero. El juicio tiene un carácter político (las disputas de la derecha y la concertación, aunque la primera se intenta lavar la cara); pero deja en evidencia la responsabilidad respecto a no haber alertado del tsunami, lo que significó la muerte de más de cien personas. Los funcionarios culpan a la armada (que habría levantado la alerta de tsunami), éstos culpan a la ONEMI. Pero todos son responsables, la ONEMI incapacitada para actuar en circunstancias de este tipo (personal poco calificado o sin personal, sin medios técnicos, falta de presupuesto, etc.); los políticos patronales de la concertación y la derecha responsables de la miseria social, los empresarios, con la explotación y el abuso en el trabajo.
El terremoto desnudó el Chile patronal, el abuso de los empresarios a los trabajadores y pobladores; a ellos no les importamos, la derecha y la Concertación tienen intereses contrapuestos a los nuestros, ni siquiera pueden darle salida a las demandas más básicas y democráticas, como lo evidenció la lucha por la educación gratuita el año pasado, y la movilización en Aysén. Hace falta terminar con la explotación patronal y sus políticos de la concertación y la derecha.
